La congresista Natalie Condori solicitó la conformación de un grupo de trabajo que investigue la modificación de la Regulación de Aeronáutica Civil - RAP 112. Jorge Rochabrunt enfatizó la necesidad que el Estado elimine los sobrecostos y genere las condiciones competitivas para el mercado de carga aérea.
Durante su presentación en la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, el Gerente General de la Asociación de Exportadores (ADEX), Sr. Jorge Rochabrunt, fundamentó la importancia del proyecto de Ley N° 1885, el cual si bien ya fue aprobado por ese grupo de trabajo, está pendiente de su aprobación en las comisiones de Transportes y Constitución. Esa iniciativa busca fomentar la transparencia en la contratación de los servicios de carga aérea, eliminando los actuales sobrecostos logísticos que atentan contra la competitividad del comercio exterior.
Durante su presentación ante la comisión de Comercio Exterior, presidida por el Congresista Renzo Reggiardo, Rochabrunt enfatizó la necesidad que el Estado elimine los sobrecostos y genere las condiciones competitivas para el mercado de carga aérea y opinó que ese proyecto de ley, cuya autoría es del Congresista Carlos Bruce, si soluciona la problemática de los dueños de carga.
"Actualmente el embarcador/importador contrata a una aerolínea para que brinde el servicio de transporte de carga, pero, al llegar la carga se involucra una tercera empresa -inconsultamente- y cobra por una serie de servicios para efectos de la entrega, los cuales no fueron contratados ni solicitados por el dueño”, explicó. Añadió que de esa forma se contravienen los tratados de Varsovia y Montreal, que son los marcos regulatorios internacionales suscritos por el Perú.
El representante de ADEX señaló que la errada interpretación del marco legal afecta no solo a los importadores y exportadores, sino a la industria nacional y a todo aquel que compra vía aérea en este país. Se dan situaciones tan absurdas como que el costo de estar una o dos horas en un almacén no contratado por el dueño de la carga es mayor que el flete entre Israel y Lima, precisó.
A manera de ejemplo, comentó que en Quito (Ecuador) el kilogramo de carga solo cuesta US$ 00.3, en Santiago de Chile US$ 00.4 y en Miami US$0.07. En Lima cuesta US$ 0.43. “Estos son los sobrecostos que necesitan ser eliminados para poder dar facilidades a los exportadores, empresarios y todos los peruanos y hacer más competitivo el país”, comentó. Añadió que en los últimos 15 años se ha ido concentrando en una sola empresa el control del manejo de carga, lo que a todas luces se configura como un oligopolio.
Este modelo genera sobrecostos por US$ 20 millones anuales, impactando negativamente en más de 80 mil usuarios. “Puede ser un buen negocio para una empresa, pero perjudica el comercio exterior, al punto que los costos son cinco veces más que en otras partes de mundo” señaló. Rochabrunt, indicó también que el principio de “quien contrata paga” tiene un fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú.
“Ese artículo señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la límite y el abuso de posiciones dominantes y monopólicas. Ninguna ley ni concertación pueden autorizar ni establecer oligopolios”, apuntó.
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