viernes, 7 de noviembre de 2014

ÁLVARO BAZÁN: ÓRGANO DE CONTROL EQUIVOCA FUNCIÓN Y LIBRA A CONSULTORA

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Funcionario aclara que de acuerdo a las normas vigentes, la consultora es responsable del contenido de sus estudios y expedientes y las consecuencias que sus defectos conlleven, y responden -a la observación del órgano de control- que la Subgerencia de Estudios sí cumplió con requerir a la consultora la absolución de las consultas.

Frente a las observaciones del Órgano de Control Institucional, el gerente regional de Infraestructura, Ing. Álvaro Bazán Cabellos, asegura que la responsabilidad en los errores que se cometieron en la ejecución de la obra de mejoramiento del centro de salud de Ascope son de M&C Consultores y Ejecutores SAC, a la que se instauró un proceso legal para que asuma las consecuencias de su deficiente servicio.

Junto a la ex subgerente de Obras, Susanita Tantaleán Regalado, explican que los problemas se dieron cuando la ejecución de la obra, que comenzó en noviembre del 2011, pasa  a la ejecución presupuestal al 2012 y se paraliza el pago de las valorizaciones por un tema contable por saldo de balance que afectó a todas las instituciones públicas del país, y se dejaron de pagar las valorizaciones de enero, febrero y marzo y la contratista amenazaba con resolver el contrato cuando la obra tenía un avance del 67 por ciento.

“La contratista quería apelar a una de las causales que establece la Ley de Contrataciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, y hacer valer su derecho al pago del 10 por ciento del monto total de la obra por lucro cesante, correspondiente a 218,514 soles. Ante esta situación, en defensa de los intereses de la institución, se decidió otorgar una ampliación de plazo por 7 días, lo que significó un pago adicional de 47,250 nuevos soles que, en un balance de costo beneficio, resultó una mejor decisión técnica”, explican.

Agregan que, pese a esta ampliación, la contratista no terminó la obra en el plazo previsto, por lo que se le sancionó con una multa de 81 mil nuevos soles a favor del GRLL. Los funcionarios reiteran que, de acuerdo a las normas vigentes, la consultora es responsable del contenido de sus estudios y expedientes y las consecuencias que sus defectos conlleven, y responden -a la observación del órgano de control- que la Subgerencia de Estudios sí cumplió con requerir a la consultora la absolución de las consultas.

Sin embargo, esta no cumplió con responder en los plazos previstos, lo que obligó a remitir una carta notarial y asumir la subsanación, pese a la carencia del personal suficiente. “Esta situación demuestra la poca flexibilidad del Reglamento de Contrataciones en defensa de las instituciones públicas, como ocurrió con el informe del órgano de control que, en lugar de sancionar a la consultora, asumen la posición más cómoda de dirigir las responsabilidades a sus funcionarios”, afirmó

“Esperamos que la alta dirección haya decidido instruir a la Procuraduría a establecer las acciones legales para que M&C Consultores resarza los daños correspondientes”, agregó. En otro tema de observación del OCI, señalan que, como consecuencia de los defectos en el expediente técnico elaborado por la consultora, también se hallaron errores en los metrados que debieron ser abordados durante la ejecución de la obra, licitada a suma alzada que establece criterios técnicos referenciales.

El órgano de control hace un análisis superficial de una sola partida, y establece que hubo más metros de concreto en techo aligerado sin evaluar que se necesitó menos cantidad de ladrillos. “Debe entenderse que el Estado paga los servicios de consultoras para que elabore un expediente técnico con planos y especificaciones técnicas correctos, y establece responsabilidades, y no son funciones de los funcionarios públicos entrar en detalle si los metrados son los adecuados por carecer de personal suficiente y calificado para descubrir estos riesgos”, declararon.

Asimismo, aseguran sentirse denigrados injustamente, por lo que demandan a la alta dirección que insten a los órganos correspondientes a que asuman la defensa de sus funcionarios frente a quienes han sorprendido o timado al Gobierno regional, como es el caso de la Consultora M&C.

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