La autoridad regional propone que se incremente el porcentaje de la garantía que ofrece el contratista, de 10 a 20 por ciento, como una forma de garantizar la culminación de los trabajos para los que convocada la licitación pública, así como restablecer la llamada garantía de seriedad de oferta que obliga al ganador de la buena pro a firmar el contrato.
Con la intención de ayudar a que la gestión presupuestal de la próxima administración regional, el Ing. José Murgia Zannier presentó una propuesta de lucha contra la corrupción que promueva contrataciones más transparentes y se eviten los direccionamientos que se traduzcan en actos negativos –vinculados a las coimas y otras conocidas formas de torcer la correcta administración pública- y se proteja los intereses del Estado.
Opinó que se debería modificar la Ley de Contrataciones, eliminando las modalidades de adjudicación directa, figura que ordena la norma después de dos licitaciones frustradas para la adquisición de obras y servicios, con lo que se deja abierto el direccionamiento de la buena pro, con las sombras de las dudas y el origen de conflictos en los futuros procesos de contratación.
La autoridad regional propone que se incremente el porcentaje de la garantía que ofrece el contratista, de 10 a 20 por ciento, como una forma de garantizar la culminación de los trabajos para los que convocada la licitación pública, así como restablecer la llamada garantía de seriedad de oferta que obliga al ganador de la buena pro a firmar el contrato, con lo que se evita que algún postor se adjudique el compromiso y luego no quiera suscribirlo, causando perjuicios económicos y de tardanza en el inicio de las obras.
“Hay casos muy graves que obligan a un cambio en la ley, como el caso de los arbitrajes, en los que el Estado casi siempre pierde la decisión arbitral y se obliga al pago de la suma exigida más los intereses que se generen durante el tiempo que duró la gestión, por lo cual considero que se debe reponer los mecanismos administrativos y judiciales para solucionar estos conflictos derivados de los contratos por obras y servicios”, aclaró.
El Ing. Murgia Zannier propone también la urgente necesidad de fortalecer las oficinas de control institucional en los gobiernos locales y regionales, a fin de exonerarlos de los artículos legales que establecen restricciones y prohibiciones al contrato de personal y puedan contar con el número de personal adecuado para ejercer acciones de control en forma oportuna y eficaz en las distintas dependencias sectoriales y municipales.
A estas acciones agrega otras como la aprobación, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para que los municipios o gobierno regional continúen ejecutando el gasto de inversiones más allá del término del año fiscal, y la certificación al personal vinculado a la gestión de los proyectos de inversión pública, así como el ofrecimiento de estabilidad mayor a los trabajadores bajo el régimen de los CAS para generar continuidad en la labor.
“La experiencia nos conduce a presentar estas propuestas para que el gobierno central tenga un mayor respaldo en la ejecución de las obras con mayor transparencia y eficiencia, con lo que se evitarán situaciones de retraso innecesario y perjuicio económico, disminuyendo los índices de corrupción en la administración municipal y regional”, aseguró José Murgia.
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