Cuando está probado que en el Perú, no hay persecución política. También es censurable la opinión del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea del partido Acción Popular fundado por Fernando Belaúnde Terry, quien señala como causante de la muerte del líder PAP García Pérez, según él a la “mafia judicial de fiscales”.
Por: Amaro Rodríguez Santillán
Infortunadas y aventuradas opiniones emitidas por importantes personajes de nuestro medio nacional, influyen en la generación de una opinión pública tergiversada, en contra el trabajo de jueces y fiscales, quienes investigan casos de la mega corrupción en un intento de devolver la buena imagen que debe tener la administración de justicia en cualquier país. Los directos beneficiarios que hacen coro nacional contra la buena administración de la justicia, son los grandes corruptos autores del latrocinio de las arcas fiscales del Perú, que repercute en la mayor pobreza, ausencia de bienestar y mayor sufrimiento en las familias vulnerables del Perú, residentes en el Perú profundo.
Llama poderosamente la atención que sea el Cardenal peruano Juan Luis Cipriani, seguramente llevado por un arrebato sentimental ante el reciente suicidio del carismático ex Presidente Alan García Pérez, demanda “acabar con la persecución que no es en nombre de la justicia, es en nombre del abuso del poder político”. Cuando está probado que en el Perú, no hay persecución política. También es censurable la opinión del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea del partido Acción Popular fundado por Fernando Belaúnde Terry, quien señala como causante de la muerte del líder PAP García Pérez, según él a la “mafia judicial de fiscales en contubernio con el gobierno”
Las opiniones son respetables, aún cuando no las compartan la mayoría de peruanos, como la emitida por el respetado político nacional Luis Bedoya Reyes quien afirma “García se sacrificó por la democracia”, y se le respeta porque así es su percepción política sobre AGP, quien aglutinó con su muerte a una multitud partidaria nacional. Menudean opiniones que buscan responsables en la decisión de suicidio del ex presidente García, hasta se culpa al Presidente de Uruguay por no dar asilo al líder aprista, hasta el congresista de FP Héctor Becerril asustado por la sombra de la investigación en actos de corrupción, se aventura señalar irresponsablemente como culpables a los periodistas.
Finalmente como ciudadanos de a pie, debemos mantenernos muy lúcidos y firmes en alentar el trabajo de los buenos jueces y fiscales en su labor de investigación para probar la culpabilidad de los grandes presuntos corruptos autores de robo al Estado.
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