Los vecinos de la urbanización Mariscal Castilla no cuentan con el servicio de agua potable desde el 7 de abril del presente. El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad recomendó al alcalde solucionar el problema en el menor plazo posible.
La Defensoría del Pueblo en defensa del derecho humano al agua potable, recomendó a la Municipalidad Distrital de Casa Grande adoptar acciones inmediatas a fin de dotar del líquido elemento a los vecinos de la urbanización Mariscal Castilla, quienes desde el pasado 7 de abril no cuentan con dicho servicio público. Cabe señalar que, a pesar de las reuniones con la Autoridad Municipal y la empresa Casa Grande S.A.A. con el objeto de llegar a una solución respecto a la prestación del servicio de agua.
Al no haberse podido suscribir los acuerdos adoptados, la Defensoría optó por recomendar al alcalde del distrito, Francisco Fernández Gallardo, gestionar la operatividad y mantenimiento del servicio de agua potable en la urbanización Mariscal Castilla. Asimismo, recomendó disponer las medidas correctivas para que el agua no quede empozada en las instalaciones donde opera el pozo de agua, y así evitar la propagación de enfermedades vinculadas con el consumo hídrico.
Del mismo modo, la Autoridad Municipal deberá tramitar el permiso sanitario correspondiente ante la Autoridad Regional de Salud para constituirse en entidad prestadora del servicio de agua potable y adoptar mecanismos de abastecimiento provisional que garanticen el cumplimiento de los parámetros de calidad a favor de la población. Es preciso recordar que según lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la responsabilidad específica de administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, corresponde a las municipalidad distritales.
Por tal motivo, la Municipalidad Distrital de Casa Grande deberá gestionar los procedimientos y acciones que sean necesarias para cumplir con la normativa antes mencionada y de esta manera dotar a la población de la prestación del servicio público de agua potable. Esta problemática ha sido puesta de conocimiento del Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes ante la vulneración del derecho al agua y posibles riesgos la salud pública.
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