Jorge Alva señaló que la mayor parte de los productores de espárrago del valle Chicama exportan a los Estados Unidos, donde es menor el control de la certificación, mientras que el mercado europeo es más exigente. “La certificación debe ser una carta de presentación para abrir mercados”, agregó.
El presidente de la Junta de Usuarios de Riego del valle Chicama, Jorge Alva Moya, informó que en una productiva reunión con el Ministro de Agricultura, Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta, funcionarios de Senasa y otras autoridades se logró la postergación por un año de la entrada en vigencia de la certificación para los productores de espárragos.
“La formalización es bienvenida pero el Ministerio de Agricultura, a través de SENASA no realizó los talleres en campo para que los agricultores de informaran sobre la certificación, por lo que recurrimos al ministerio de Agricultura y se nos otorga la ampliación de un año para la entrada en vigencia de esta medida. También se ha conseguido una programación de talleres y que el agricultor pague hasta 21 soles por agricultor hasta las diez hectáreas”, precisó el dirigente agrario.
Jorge Alva señaló que la mayor parte de los productores de espárrago del valle Chicama exportan a los Estados Unidos, donde es menor el control de la certificación, mientras que el mercado europeo es más exigente. “La certificación debe ser una carta de presentación para abrir mercados con un producto que no está contaminado y, por ende, apto para consumo humano”, dijo.
Asimismo, pidió a las autoridades que así como la certificación protege a los consumidores de los mercados extranjeros, es necesario algún mecanismo similar que permita la protección de los consumidores nacionales. “Estamos expuestos a muchos peligros, por ejemplo, un tomate o un pepino, hoy se fumiga y a las 24 horas se está consumiendo. Es necesario por lo menos orientación técnica sobre esta problemática”, señaló.
Alva Moya señaló que otro de los logros se refiere a la intervención de SENASA a todas las casas comerciales que expenden insecticidas y pesticidas con el propósito de detectar si se está vendiendo productos que por su antigüedad y/o toxicidad podrían resultar dañinos para los cultivos.
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