Director Ejecutivo, Edmundo Quevedo Ubillús, el director de Asesoría Jurídica, José Marco Erazo Hidalgo; el Gerente de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada, Omar Carvallo Núñez y el mismo presidente del Consejo Directivo, Walter Novoa Miranda; habrían acordado conciliar extrajudicialmente de forma irregular .
Durante aproximadamente diez años, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) mantuvo un proceso judicial por usurpación con doña Isolina Villarruel de Menes, por un terreno eriazo de casi 700 hectáreas, habiendo ganando el PEJEZA en dos instancias. La demandada Isolina Villarruel, al verse perdedora solicitó al PEJEZA realizar una conciliación extrajudicial proponiendo el antojadizo pago de 20 dólares por hectárea, propuesta que hasta diciembre del 2008, no fue admitida ya que por la extensión misma del área en cuestión ameritaba un procedimiento de subasta pública o iniciativa privada de inversión.
Dicha subasta estaría a cargo de Proinversión, toda vez que ésta mantenía su condición de eriaza en un 99%. Sin embargo, a partir de esta gestión, la suerte de doña Isolina da un vuelco de 180 grados ya que el Director Ejecutivo, Edmundo Quevedo Ubillús, el director de Asesoría Jurídica, José Marco Erazo Hidalgo; el Gerente de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada, Omar Carvallo Núñez y el mismo presidente del Consejo Directivo, Walter Novoa Miranda; habrían acordado conciliar extrajudicialmente de forma irregular y sin criterio técnico con Villarruel de Menes, proponiendo el pago de cien dólares hectárea.
El contrato señala que el consejo directivo de PEJEZA en su décima sesión llevada a cabo el 13 de marzo de 2009, “acordó por unanimidad aprobar la conciliación o transacción extrajudicial”. Hay que recordar que el consejo directivo está conformado por el representante del Gobierno Regional de La Libertad, Ing. Walter Novoa Miranda, quien lo preside, los representantes de los Gobiernos Regionales de Lambayeque, Ing. Segundo Carbajal Fanso; y Cajamarca, Ing. Herbert Villar Rojas, además del representante del Ministerio de Agricultura, Cesar Sandoval Pozo
Expertos consultados señalaron que siendo las tierras eriazas bienes estatales administrados por los Proyectos Especiales, deben tener un tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente Ley N° 28059 y su valorización debe ser realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA). Sin embargo estos funcionarios habrían actuado contraviniendo la Ley al permitir esta transacción irregular que ocasiona perjuicio económico al Estado, pues se ha dejado de percibir el valor real de las tierras, obviando el compromiso de inversión.
Durante aproximadamente diez años, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) mantuvo un proceso judicial por usurpación con doña Isolina Villarruel de Menes, por un terreno eriazo de casi 700 hectáreas, habiendo ganando el PEJEZA en dos instancias. La demandada Isolina Villarruel, al verse perdedora solicitó al PEJEZA realizar una conciliación extrajudicial proponiendo el antojadizo pago de 20 dólares por hectárea, propuesta que hasta diciembre del 2008, no fue admitida ya que por la extensión misma del área en cuestión ameritaba un procedimiento de subasta pública o iniciativa privada de inversión.
Dicha subasta estaría a cargo de Proinversión, toda vez que ésta mantenía su condición de eriaza en un 99%. Sin embargo, a partir de esta gestión, la suerte de doña Isolina da un vuelco de 180 grados ya que el Director Ejecutivo, Edmundo Quevedo Ubillús, el director de Asesoría Jurídica, José Marco Erazo Hidalgo; el Gerente de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada, Omar Carvallo Núñez y el mismo presidente del Consejo Directivo, Walter Novoa Miranda; habrían acordado conciliar extrajudicialmente de forma irregular y sin criterio técnico con Villarruel de Menes, proponiendo el pago de cien dólares hectárea.
El contrato señala que el consejo directivo de PEJEZA en su décima sesión llevada a cabo el 13 de marzo de 2009, “acordó por unanimidad aprobar la conciliación o transacción extrajudicial”. Hay que recordar que el consejo directivo está conformado por el representante del Gobierno Regional de La Libertad, Ing. Walter Novoa Miranda, quien lo preside, los representantes de los Gobiernos Regionales de Lambayeque, Ing. Segundo Carbajal Fanso; y Cajamarca, Ing. Herbert Villar Rojas, además del representante del Ministerio de Agricultura, Cesar Sandoval Pozo
Expertos consultados señalaron que siendo las tierras eriazas bienes estatales administrados por los Proyectos Especiales, deben tener un tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente Ley N° 28059 y su valorización debe ser realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA). Sin embargo estos funcionarios habrían actuado contraviniendo la Ley al permitir esta transacción irregular que ocasiona perjuicio económico al Estado, pues se ha dejado de percibir el valor real de las tierras, obviando el compromiso de inversión.
“Tratándose de 678 hectáreas, se ha dejado de promocionar la venta mediante un proceso de iniciativa privada de inversión, como mínimo su valor por hectárea es de 80 a 100 dólares, dependiendo del tipo de suelo y del proyecto de inversión presentado, pero lo más importante es que el contrato, en una de sus clausulas, debe hace constar un compromiso de inversión de aproximadamente tres mil dólares por hectárea por un periodo de incorporación a la agricultura de cuatro años y la presentación de la carta fianza equivalente al 10% del costo de la inversión”, señalan los especialistas consultados.
“Esto quiere decir que si la inversión sobre las 676.52 hectáreas es de tres mil dólares por hectárea, debe haber un compromiso de inversión de 2 millones 029 mil 560 dólares aproximadamente, y la carta fianza seria por 202 mil 956 dólares hasta el cumplimiento de la inversión pactada. No habiéndose consignado nada de esto en el contrato suscrito con Villarruel; este deviene en irregular favoreciendo así a una persona que durante muchos años, a través de diversos procesos judiciales, le ha ocasionado perjuicio económico al Estado”, explicaron.
En abril de este año, la Agencia de Promoción de Inversiones (Proinversión) vendió a la empresa de capitales peruanos Gandules, mil 234 hectáreas de tierras eriazas del PEJEZA bajo el esquema de iniciativa privada, con un compromiso de inversión ascendiente a cinco millones 526 mil 787 dólares para un proyecto agroexportador basado en el cultivo de pimiento, capsicum, algodón y espárragos. El plazo para la ejecución de obras es de 5 años, y entre sus principales beneficios figuran el generar más de 1,400 puestos de trabajo (1,002 directos y 401 puestos indirectos).
Si PEJEZA viene difundiendo sus logros institucionales, ¿por qué no se ha hecho pública esta venta de las 676.52 hectáreas de tanta significación para el Estado? Los integrantes de la Asociación de Agricultores “El Progreso”, colindantes directos de doña Isolina Villarruel, piden la inmediata intervención de la Contraloría General de la Republica; a fin de dejar sin efecto esta venta irregular y entablar los procesos civiles y penales contra los funcionarios del PEJEZA, en salvaguarda de los bienes estatales.
“Esto quiere decir que si la inversión sobre las 676.52 hectáreas es de tres mil dólares por hectárea, debe haber un compromiso de inversión de 2 millones 029 mil 560 dólares aproximadamente, y la carta fianza seria por 202 mil 956 dólares hasta el cumplimiento de la inversión pactada. No habiéndose consignado nada de esto en el contrato suscrito con Villarruel; este deviene en irregular favoreciendo así a una persona que durante muchos años, a través de diversos procesos judiciales, le ha ocasionado perjuicio económico al Estado”, explicaron.
En abril de este año, la Agencia de Promoción de Inversiones (Proinversión) vendió a la empresa de capitales peruanos Gandules, mil 234 hectáreas de tierras eriazas del PEJEZA bajo el esquema de iniciativa privada, con un compromiso de inversión ascendiente a cinco millones 526 mil 787 dólares para un proyecto agroexportador basado en el cultivo de pimiento, capsicum, algodón y espárragos. El plazo para la ejecución de obras es de 5 años, y entre sus principales beneficios figuran el generar más de 1,400 puestos de trabajo (1,002 directos y 401 puestos indirectos).
Si PEJEZA viene difundiendo sus logros institucionales, ¿por qué no se ha hecho pública esta venta de las 676.52 hectáreas de tanta significación para el Estado? Los integrantes de la Asociación de Agricultores “El Progreso”, colindantes directos de doña Isolina Villarruel, piden la inmediata intervención de la Contraloría General de la Republica; a fin de dejar sin efecto esta venta irregular y entablar los procesos civiles y penales contra los funcionarios del PEJEZA, en salvaguarda de los bienes estatales.
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