Ante denuncia hecha por la coordinadora distrital de las OSB de Moche, el abogado de la gerencia de Desarrollo Social de al MPT, Luís Boy Vásquez, les dijo, en estos casos la asamblea de socias como autoridad, se reúne y acuerda separar como beneficiarias a socias que no cumplen con sus obligaciones.
Las socias de las Organizaciones Sociales de Base (OSB), que tienen los comedores populares en todos los distritos de la provincia de Trujillo, de acuerdo al Reglamento de los comedores populares de la Municipalidad Provincial de Trujillo, están obligadas a desarrollaras un trabajo social y cocinar diariamente 50 raciones de alimentos.Durante la capacitación sobre al aplicación de la normatividad para las OSB, el día de ayer las dirigentes de los nueve comedores populares del distrito de Moche, 7 comedores de Miramar, un comedor de Las Delicias y uno de la Campiña Moche, hicieron notar que algunas socias se resisten a ofrecer su trabajo social.
La coordinadora distrital de los comedores, Victoria Cáceres Abanto reveló y denunció que algunas socias realmente pobres no trabajan, pero reclaman su derecho a tener una ración por su ser muy pobres. Esta coordinadora dijo que eso es injusto por que en las OSB todas tienen derechos y obligaciones y no es justo que algunas socias haraganas, quieran que otras trabajen y les sirvan y ellas no aportan su trabajo conforme lo indica el reglamento vigente.
Ante esta denuncia hecha por la coordinadora distrital de las OSB de Moche, que tienen comedores populares, el abogado de la gerencia de Desarrollo Social de al MPT, Luís Boy Vásquez, les dijo, en estos casos la asamblea de socias como autoridad, se reúne y acuerda separar como beneficiarias a socias que no cumplen con sus obligaciones, aunque sean pobres. El abogado también les indicó, que acuerdo al reglamento, la asamblea de socias es competente para sancionar a una dirigente que se resista a entregar el cargo y son responsables el buen uso de los alimentos recibidos, distribuyéndolos a los beneficiarios debidamente empadronados.
También son responsables ante las supervisiones que ejecuta la municipalidad provincial, en cumplimiento de directivas emanadas de la Controlaría General de la República, que fiscaliza el uso de los dineros públicos, con los que se adquieren los alimentos, bajo responsabilidad de las municipalidades, agregó.
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