Con medida cautelar buscan nulidad de acuerdos de Junta que aprobaron ingreso de Intipuquio. Para los accionistas de Cayaltí no quedaría ninguna duda que la demanda está dirigida pues ayer corrieron varias versiones que se estaría buscando que vaya a “parar” a un juzgado amigo, de un polémico magistrado.
Existe ya desde EL lunes en la mesa de partes del poder judicial lambayecano una medida cautelar que solicita la suspensión de la Junta General de Agroindustrial Cayaltí, llevada a cabo el 24 de marzo en segunda convocatoria, dicha medida tiene código de reserva por tratarse de una medida cautelar fuera de proceso por lo tanto no figura en el sistema por lo anteriormente expuesto y nadie tiene acceso. La medida fue ingresada el lunes cerca de las nueve de la mañana, y ha sido interpuesta por varios accionistas, cercanos a AgroPucalá y Max Ayora.
Medios legales estiman que la medida cautelar se hizo fuera de proceso para iniciar a futuro un proceso de nulidad de Junta. Para los accionistas de Cayaltí no quedaría ninguna duda que la demanda está dirigida pues ayer corrieron varias versiones que se estaría buscando que vaya a “parar” a un juzgado amigo, de un polémico magistrado. Los accionistas que buscan allanar el camino a la propuesta de inversión de Intipuquio consideran que la cautelar no tiene ningún sustento.
Agustín Chugdén Vásquez, presidente de la Comisión de Accionistas de Agroindustrial Cayaltí, y Asunción Becerra Zamora, del Frente de Defensa, consideran que en cuanto a los plazos para la convocatoria estos se cumplieron y que todos los accionistas estuvieron debidamente informados de los estados financieros que fueron publicados días antes. Asimismo rechazaron que existan firmas de personas fallecidas en el padrón de accionistas, pues fue la Policía la que supervisó el ingreso de todos los firmantes con verificación de documento de identidad.
También se refirieron a que anteriores auditorías no habrán cumplido con las normas, pero este tema no fue objeto de agenda de la última Junta. Se sabe que la operación y la inyección de capital ya se ha iniciado mediante compra de acciones lo que ya se ha verificado en más de 16% de la participación accionaria y en la capitalización de acreencias por más de S/. 138 millones. Sobre la acusación, se dice que habría personas adquirientes de acciones a quienes no se les ha reconocido como accionistas.
Ellos afirmaron que la capitalización de las acreencias de las deudas laborales del 2005 al 2007 ascendentes a S/. 21 millones recién se está registrando mediante su aprobación en la presente Junta del 21 de marzo, y que se debe concluir con todo el proceso formal del registro y entrega de acciones, no era posible distribuir más acciones pues hubiese significado una infracción al Reglamento Sobre Fecha de Corte, Registro y Entrega, aprobado por Resolución CONASEV 0069-2006.
Frente a la acusación que los inversores no tendrían el capital para poder financiar todo lo que ha prometido, el consorcio Intipuquio, parte del grupo Obrainsa, ha confirmado que cuenta con recursos propios y fuentes de financiamiento suscritas con Credit Suisse por más de 250 millones de nuevos soles para hacer frente a la presente operación de financiamiento. Se cree que Agropucalá sería el más afectado con el cambio en el destino de la producción de Cayaltí, y por el hecho que gran parte de los terrenos de Cayaltí habrían sido apropiados de manera irregular precisamente por los directivos de Agropucalá.
Por otro lado, se afirma que la empresa IntiPuquio, quiere invertir en Cayaltí para producir cinco mil toneladas diarias de etanol, la cual será exportada a Estados Unidos, y cuyo cliente final es una trasnacional japonesa una de las embotelladoras de gaseosa más grande a nivel mundial, es decir ya hay un mercado en espera.
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