La AMAG buscará que se incorpore cursos electivos en facultades para acreditación de profesionales como especialista judicial y asistente en función fiscal. El objetivo es contar con profesionales bien preparados no solo académicamente, sino también en temas éticos y morales para cuando asuman funciones en el servicio público de justicia.
La Academia de la Magistratura (AMAG) presentó la propuesta denominada “Reforma de la Enseñanza del Derecho desde la Perspectiva del Servicio Público de Justicia”, la cual fue aprobada por los integrantes del Acuerdo Nacional por la Justicia durante el desarrollo de su décimo segunda reunión. La iniciativa plantea que se incorpore en la currícula de los dos últimos años del plan de estudios de la carrera de Derecho, en las universidades públicas y privadas, cursos electivos dirigidos a optar por la acreditación de “especialista judicial y asistente fiscal”.
El objetivo de esta propuesta es contar con profesionales bien preparados no solo académicamente, sino también en temas éticos y morales para cuando asuman funciones en el servicio público de justicia. “Es necesario que las facultades de Derecho orienten su enseñanza profesional hacia la formación de magistrados con mayor calidad e idoneidad. Por ese motivo, como organismo constitucional encargado de formar y capacitar a magistrados, presentamos esta propuesta”, sustentó el presidente de la AMAG, Dr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.
Chávarry Vallejos, expuso este proyecto en la decimosegunda reunión del ANJ ante los titulares del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo; del Ministerio Público, Dr. Pablo Sánchez Velarde; del Ministerio de Justicia, Dr. Salvador Heresi Chicoma; y del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Orlando Velásquez Benites.
En la cita se acordó, asimismo, que la AMAG inicie la ejecución de la propuesta, la cual consistirá en convocar a los decanos de las facultades de Derecho y a autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para brindarle los alcances de la misma, además de otras acciones que tienen el principal objetivo de mejorar el sistema de justicia peruano.
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