Carlos Álvarez y Paúl Rodríguez llegaron hasta el lugar para ayudar a los niños. Los que han ocasionado estos daños serían sus vecinos colindantes de una empresa de fertilizantes que tiene cercado todo su perímetro, pero hoy pretenden extenderse más, cuando pudieron hacerlo al hacer su cercado.
Un área de más de 4 mil metros cuadrados de terreno que se presume pertenece al albergue infantil Hogar de la Esperanza, fue invadido por su vecino colindante que derribó el portón y cortó los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica, denunció el administrador Javier Ramírez. El albergue está ubicado en el kilómetro 10.5 del sector Chorobal de la carretera a Salaverry que cobija a 19 niños especiales, con problemas de salud mental, huérfanos y abandonados de sus familiares en la que sobreviven de donaciones de ONG del extranjero y apoyo de personas altruistas, como el cómico Carlos Álvarez y el alcalde de El Porvenir Paúl Rodríguez Armas.
Justamente, ambos personajes se hicieron presente en terreno invadido, mostrando su repudio y rechazo a esta actitud prepotente y malévola de los usurpadores. El hecho ocurrió el sábado por la mañana, cuando personas extrañas con cargador frontal derribaron el portón que era el único ingreso al albergue infantil, tomando posesión del terreno y empezando a construir sus bases, colocando ladrillos con columnas, haciendo caso omiso al reclamo de los niños agredidos sicológicamente por los invasores que sostenían ser los propietarios.
Los que han ocasionado estos daños serían sus vecinos colindantes de una empresa de fertilizantes que tiene cercado todo su perímetro, pero hoy pretenden extenderse más, cuando pudieron hacerlo al hacer su cercado. El alcalde Paúl Rodríguez Armas, demandó la inmediata intervención de las autoridades municipales de Salaverry, por ser un atentado y daños a la propiedad privada, afectando a los niños que se están rehabilitando de sus capacidades sicomotriz, dolencias y aprendizaje que reciben por parte de especialistas.
El cómico Carlos Álvarez, sostuvo que debe definirse su situación legal y limites que les corresponde para evitar estos problemas que es “un maltrato sicológico” a los niños. Por su parte, el director Javier Ramírez, comentó que esta es una agresión sicológica violenta a los pequeños internos que están asustados de estos sucesos vandálicos, por lo que se estará tomando acciones judiciales para hacer prevalecer sus derechos de propietarios de su terreno, que también tiene otro juicio con una empresa carbonera.
“Nuestros terrenos están inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y somos institución social que vela por los niños que no cuentan con subvención estatal, pese a ser una organización sin fines de lucro que cumple con todos los requisitos de ley y desarrollamos una fecunda labor, invitando a los empresarios y personas de buen corazón su apoyo material y moral para poder subsistir y defender nuestros derechos legales de propiedad del terreno”, puntualizó Ramírez.
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