No conocemos cuantos cientos o miles calificarían para ser beneficiarios de la Ley Fujimori”, tampoco sabemos cómo se garantizaría que efectivamente los reos cumplen su condena en domicilios, asimismo sería necesario conocer cómo se evitará la colisión de esta Ley con otras que están vigentes.
Por: Amaro Rodríguez Santillán
Al estilo conocido de “caballazo”, festinando los pasos de un normal proceso para la elaboración de leyes por el Congreso de la República y las apruebe en función de los intereses de la sociedad peruana, sorprendió a tirios y troyanos, que la mayoría parlamentaria de fujimorista, apruebe el proyecto de Ley N° 3533, “Ley Fujimori” para evitar que Alberto Fujimori regrese a la cárcel.
Sin medir consecuencias el beneficio de esta ley alcanza a los reos mayores de 65 años para cumplir sus condenas en sus respectivos domicilios, los que bordearían unos 3,000 reos, que purgan condena en penales del país, de acuerdo a estadísticas del INPE a febrero del 2018. La población según el INPE es de 104,643 reos de ellos 86,229 en condición de intramuros y en establecimientos de medio libre extramuros suman 18,414 y los mayores de 60 años son un 4.4% y los mayores de 65 años serían 3,000.
No conocemos cuantos cientos o miles calificarían para ser beneficiarios de la Ley Fujimori”, tampoco sabemos cómo se garantizaría que efectivamente los reos cumplen su condena en domicilios, asimismo sería necesario conocer cómo se evitará la colisión de esta Ley con otras que están vigentes. A veces nos ponemos a reflexionar sobre estas presurosas decisiones de los congresistas, o la madrugadora decisión del Fiscal Chávarry para juramentarse y asumir el cargo y preguntarnos, qué esconden tras estos apresuramientos.
O será que algunos parlamentarios que pudieran tener complicidad en delitos y posteriormente lleguen a los penales con la esperanza de recuperar su libertad a los 65 años. El único beneficio inmediato además del obtenido por Fujimori, sería aliviar como paliativo el hacinamiento de reos, pero de enderezarse en forma sostenida una buena administración de justicia, esas vacantes dejadas por reos mayores de 65 años, podrían empezar a compensarse con los nuevos reos hasta hoy felices corruptos, aún escondidos en los gobiernos central regional y municipal.
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