La accesibilidad para las personas con discapacidad en el país es un tema urgente por resolver. También aspectos en el campo de la educación y salud. A ello se suma la necesidad de respetar su capacidad jurídica, así como los ajustes razonables para personas con discapacidad y sus familiares, entre otros.
Tras saludar el éxito de la realización de los juegos Parapanamericanos y la participación de los 139 atletas peruanos, la Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades deportivas del país a que continúen garantizando e incentivando la preparación e intervención de los paradeportistas en futuros eventos deportivos nacionales e internacionales. “La infraestructura construida y modificada para las competencias evidencia que en el Perú sí es posible aplicar un diseño universal, lo cual exige la participación y compromiso del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales”, resaltó Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al mismo tiempo, señaló que hay una agenda pendiente respecto a los derechos de las personas con discapacidad en lo que respecta a los servicios de educación inclusiva, transporte accesible, salud de calidad, trabajo decente; así como en lo que representa al diseño de ciudades de acceso universal. A ello se suma la necesidad de respetar su capacidad jurídica, así como los ajustes razonables para personas con discapacidad y sus familiares, entre otros. Pineda enfatizó que la participación de los paraatletas evidencia la necesidad de eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad demuestren su competitividad en distintos aspectos de la vida en igualdad de oportunidades.
Por otro lado, refleja la ausencia de un real compromiso de los distintos sectores y niveles de gobierno por asegurar su inclusión. De acuerdo a los Censos Nacionales 2017, en el país existen más de 3 millones de personas (10,4% de la población) que tienen alguna discapacidad. En la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad de 2012 se informó que el 77% de la población con discapacidad no participa en el mercado laboral. Asimismo, de acuerdo al Censo Escolar 2018 hay 86, 888 estudiantes con discapacidad, lo que significa que el 88.5% de personas con discapacidad en edad escolar no estudia y el 11.5% restante no recibe una educación inclusiva de calidad.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Conadis, a las municipalidades y a la Policía Nacional del Perú a cumplir con su obligación de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en el ámbito público y privado.
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