“Las doce empresas azucareras del Perú hemos demostrado que hubo corrupción del Estado, encarnada en Arturo Wodman, Jorge Arana Coha y Absalón Vásquez Villanueva”, señaló Flavio Valqui Calderón, Secretario de Organización del Frente Nacional Azucarero.
Con el decidido apoyo de la población y de representantes de sindicatos de azucareras del norte del país, el Sindicato Único de Trabajadores de Casa Grande y Anexos (SUTCGA) realizó el martes 25 de febrero una marcha de protesta por las principales calles del distrito azucarero, reclamando por las escasas utilidades que repartirá la empresa Casa Grande S.A. “Hemos tenido un sindicato dormido, maniatado por la empresa azucarera, pero eso se terminó, defenderemos lo que es nuestro, más de dos mil familias están siendo avasalladas por esta administración, ¡basta ya¡” dijo el Secretario General del SUTCGA, Juan Fernando Carrero Cabanillas.
“Las doce empresas azucareras del Perú hemos demostrado que hubo corrupción del Estado, encarnada en Arturo Wodman, Jorge Arana Coha y Absalón Vásquez Villanueva”, señaló Flavio Valqui Calderón, Secretario de Organización del Frente Nacional Azucarero. “Han hecho lo que han querido con el sector Azucarero. El 12 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo 802, suscrito por Alberto Fujimori, Dante Córdova (Presidente del Consejo de Ministros), Absalón Vásquez (Ministerio de Agricultura) y Jorge Camet (Ministro de Economía y Finanzas).
Este Decreto Legislativo creó el Programa Extraordinario de Regularización Tributaria (PERTA), mediante el cual SUNAT condonaría el 70% y capitalizaba el 30% de las deudas tributarias de las azucareras, sujeto a que las empresas azucareras cambien su modalidad empresarial a sociedades anónimas y los trabajadores capitalicen no menos del 50% de su CTS y el 100% del resto de adeudos laborales. Esta norma, per se, no implicaba disposición peyorativa de derechos laborales, ya que los trabajadores a cambio de su CTS y beneficios laborales, recibían acciones representativas del capital social de la empresa, las cuales podrían vender.
No obstante, la vulneración a los derechos laborales de los trabajadores se produjo al momento en que las acciones salían a la venta, ya que el valor nominal al cual se capitalizó, difería ostensiblemente del valor realizable (valor de venta). Si bien es cierto que el Decreto Legislativo 802 permitiría sanear la crisis financiera que afrontaba el sector azucarero, la incorporación de inversionistas privados mediante el proceso de transferencia de acciones al convertirse el Estado en accionista de las empresas agrarias accionistas tuvo un rol preponderante en la transferencia de estas a manos de inversionistas privados, direccionando en ocasiones los procesos a efecto de favorecer a determinados inversionistas, como en el caso de Pucalá.
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