Conflictos en alerta
temprana se registran en las provincias de Sánchez Carrión y Pataz por
problemas con empresas mineras. La Defensoría del Pueblo advierte que, si bien
los dos nuevos casos se encuentran en observación, pueden devenir en un nuevo
conflicto social.
La
oficina de la Defensoría del Pueblo en
La Libertad demandó una intervención prioritaria a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
y la Instancia de Conflictos Sociales del Gobierno
Regional frente a nuevos conflictos registrados en las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, los mismos que han sido considerados en alerta temprana y
cuyo conocimiento anticipado puede permitir su manejo pacífico, evitando hechos
de violencia y vulneración de derechos.
El
primer conflicto se ha detectado en el caserío Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco,
provincia de Sánchez Carrión, en la que los miembros de la JASS Shiracmaca se
enfrentan con la empresa minera Summa
Gold Corporation SAC, por las
fisuras que ha sufrido el reserverio de agua potable debido a las explosiones
que realiza dicha minera en el lugar. De igual manera, los pobladores refieren
que la minera ha cambiado el tendido de la red matriz de agua y obstruido el
camino de vigilancia de la red con montículos de relave.
El
segundo se registra el caserío de Coigobamba,
en el distrito de Huamachuco,
provincia de Sánchez Carrión, donde los pobladores se oponen al acuerdo
suscrito entre la Gerencia Regional de Agricultura y la empresa minera Summa
Gold Corporation SAC, para que esta se haga cargo del vivero forestal. Los
moradores consideran que la empresa intenta expandir sus actividades mineras y
contaminar el vivero y otras tierras aledañas.
Un tercero se registra en la provincia de Pataz por un problema entre la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz (AMA Pataz) con la Compañía Minera Poderosa S.A., debido a la revocatoria de 46 inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en el distrito de Pataz, que lo dejan fuera del proceso de formalización minera.
Además,
hay que precisar que desde el año pasado se tienen registrados otros conflictos
sociales considerados activos. Uno de ellos en la provincia de Otuzco, donde el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao,
demanda el retiro del proyecto minero Eposuyay
por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y
la afectación del agua que consume la población de Otuzco.
El
otro, involucra a las juntas vecinales del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago
de Chuco. En el lugar los pobladores advierten que no permitirán que la
minera Barrick Misquichilca S.A.
realice actividades de exploración en su jurisdicción, pues estos últimos
incumplieron los acuerdos asumidos en una mesa de diálogo realizada en marzo
del presente año. Entre esos acuerdos, reclaman que no se está cumpliendo con
dar trabajo a empresas locales, prefiriendo a empresas foráneas.
Así
también permanece como activo, el conflicto que tienen los pobladores del
caserío La Ramada, provincia de
Sánchez Carrión, con la Compañía Minera
Tahoe Perú, a quienes exigen el pago de una indemnización por las
vibraciones y el polvo generados con las voladuras que se realizan en la unidad
minera La Arena. La Defensoría del
Pueblo advierte que, si bien los dos nuevos casos se encuentran en observación,
pueden devenir en un nuevo conflicto social, por lo que las autoridades deben
actuar en el marco de sus competencias y responsabilidades.
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