Sociedad civil organizada promueve cambios sustantivos. La reunión planteó el trabajo infantil como un problema de alta complejidad que involucra las dimensiones económica, jurídica y sociocultural, y, también, que la situación de informalidad de los centros laborales mimetiza las condiciones y efectos nocivos del trabajo infantil.
“Diez a doce nuevos soles diarios no pueden frenar el desarrollo de niños y niñas que trabajan y estudian en la región La Libertad”: fue el consenso de la deliberación de autoridades regionales, locales, sociedad civil organizada y representantes de las asociaciones de niños y niñas trabajadores, que sesionaron esta semana, en la ciudad de Trujillo, para erradicar, progresivamente, el trabajo infantil, en una actividad organizada por el Centro de Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN).
La convocatoria involucró la participación de la Gerencia Regional de Trabajo, Mesa Regional de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Ministerio Público, Gerencia Regional de Salud, Municipalidad Distrital de El Porvenir, Asociación de Niños y Niñas que Trabajan y Estudian de El Porvenir y Promotoras Legales para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, y buscó articular y concertar todos los esfuerzos para atender a la población menor de edad, doblemente vulnerable, por su condición de niños y niñas trabajadores.
La reunión planteó el trabajo infantil como un problema de alta complejidad que involucra las dimensiones económica, jurídica y sociocultural, y, también, que la situación de informalidad de los centros laborales mimetiza las condiciones y efectos nocivos del trabajo infantil. Se explicó que no se tienen cifras exactas de cuántos niños y niñas trabajan en La Libertad, haciéndose necesaria una línea de base con enfoque territorial, focalizando y priorizando aquellas zonas de peores formas de trabajo infantil: minería, calzado, relleno sanitario, agricultura.
La directora ejecutiva del CEPROMUN, Carmen Salazar Cortegana, explicó que las políticas públicas deben generarse desde los ámbitos local, regional y nacional, que comprometan a las autoridades en todos los niveles de gobierno. “Se deben implementar planes y programas de atención a la niñez y adolescencia trabajadora, comprometiendo presupuesto público”, dijo, enfatizando que las instituciones directamente, relacionadas con el proceso de justicia deben articular, concertar y potenciar esfuerzos que coadyuven a la erradicación progresiva del trabajo infantil.
Se planteó que, a través del sector Educación, se deben implementar políticas públicas que garanticen el acceso, permanencia y promoción de los niños y niñas trabajadores, así como deben propiciarse sinergias y alianzas con otras instituciones involucradas en el tema. Se visibilizó que todavía hay resistencia de las autoridades a incorporar el tema de trabajo infantil en sus planes de desarrollo, por lo que es necesario sensibilizarlos y concienciarlos en esta problemática, y comprometerlos a la creación de comités de prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel local y provincial.
Hubo consenso en repetir las experiencias exitosas contra el trabajo infantil, iniciadas en El Porvenir, en otros espacios regionales, en el sentido de fortalecer el capital social para hacer seguimiento y vigilancia a las políticas públicas de prevención y erradicación del problema, para el cumplimiento de las mismas, contrarrestando factores culturales que valoran, positivamente, el trabajo infantil. También, se concordó en promover la capacitación y acceso de padres y madres de familia a mejores oportunidades de empleo para que los niños y niñas dejen de trabajar.
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