Cabe indicar que según la normativa del MINEDU, las asociaciones de padres de familia (APAFA) pueden eventualmente establecer un monto para el cobro de matrícula, siempre y cuando esta no exceda el 1.5% del valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) el cual será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Gerencia Regional de Educación La Libertad en coordinación con la Defensoría del Pueblo e Indecopi lanzaron la campaña escolar Matrícula Segura, acción previa al inicio del proceso de matrículas para el año lectivo 2017, en ella dieron a conocer las políticas que regirán desde las inscripciones de los estudiantes entre el primero y el 31 de diciembre del presente año para que puedan matricularse sin ningún inconveniente a partir de enero de 2017 en las diferentes instituciones educativas de Trujillo y la Libertad.
El Dr. Rafael Moya Rondo, Gerente Regional de Educación, Sergio Obregón Matos, jefe regional de Indecopi y Federico Corzo Hernández, Comisionado de la Defensoría del Pueblo, coincidieron en señalar que las instituciones que representan serán muy vigilantes en evaluar este primer proceso, el de inscripciones, para que los estudiantes puedan sin condicionamientos continuar normalmente sus clases en el periodo 2017 pero que ante cualquier restricción, impedimento, negligencia, etc. puede denunciar el hecho ante cualquiera de las instituciones mencionadas.
“Estas disposiciones son a nivel regional y son las direcciones regionales de educación del país, la GRELL y las UGEL los responsables del monitoreo de los planteles para el proceso de matrícula, la cual es automática pues sólo una vez se registra en el SIAGIE (Sistema de Información y Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) debiendo las vacantes ser publicadas con la debida anticipación, estos y otros lineamientos se han establecido en las Resoluciones 0236 y 5138 que amparan legalmente este accionar”, precisó Moya Rondo.
Cabe indicar que según la normativa del MINEDU, las asociaciones de padres de familia (APAFA) pueden eventualmente establecer un monto para el cobro de matrícula, siempre y cuando esta no exceda el 1.5% del valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) el cual será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su apertura del año fiscal 2017, y cuente con la aprobación de la mayoría simple de todos sus miembros, aún con esta premisa no significa que por no cancelarse este monto se deberá restringir la matrícula o el servicio educativo a nuestros educandos.
“En el 2015 se registraron 174 quejas, 72 fueron por condicionamiento de matrículas pero en el 2016 bajaron considerablemente estas cifras pues se registraron 66 quejas en el año de las cuales 11 fueron por condicionamiento de matrículas, ante este buen resultado quiero felicitar la gestión educativa regional, pues aunque no es una solución total sí es un avance en la labor de coordinación para el respeto a las normas”, precisó el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Federico Corzo Hernández, quien agregó que es posible que este año las supervisiones incluyan la aplicación de fichas supervisadas por gobernadores y/o tenientes gobernadores de cada centro poblado, distrito y provincia.
Finalmente el titular de INDECOPI indicó que “la norma hace cierta diferenciación respecto de los cobros en los colegios particulares, en ellos está prohibido el cobro por APAFA, únicamente son tres conceptos por los que sus propietarios pueden hacerlo, por la inscripción del alumno, por la pensión mensual y por la matrícula, el padre de familia no está obligado a pagar por ningún otro concepto, de suceder ello puede denunciar y el plantel sería sancionado”, precisó Obregón Matos, quien agregó que la pensión (mensual o quincenal en algunos casos) el padre de familia puede cancelar una vez que se ha concluido el servicio educativo.
Indecopi también registra cifras de sus supervisiones en instituciones educativas, entre el 2012 y el 2016, intervinieron 223 colegios de Trujillo, habiendo sancionado con un total de 112 UIT (450 mil soles Aprox.) principalmente porque se obligaba la adquisición de útiles escolares o uniformes, en el propio plantel o en establecimientos vinculados al plantel. Para el 2017 se ha planificado intervenir 75 colegios de toda la región bajo la modalidad de “consumidor escondido” de la que esperan evidenciar las irregularidades que puedan presentarse.
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