“No tomé aún una disposición al respecto, primero se debe establecer si hubo alguna responsabilidad. He pedido un informe del caso, no tengo elementos de juicio suficientes para pronunciarme pero supongo que se ha resuelto en el marco de la ley”, dijo el Gobernador Regional sobre controvertido fallo que favorece a esposa del Gerente General.
“Es el Poder Judicial el que declara derechos y somos respetuosos de sus mandatos”, dijo el gobernador regional Luis Valdez Farías sobre el fallo que dispone pagar S/ 61,331 a Cynthia Quevedo Tello -esposa del gerente general Carlos Matos Izquierdo-, por demanda de desnaturalización de contratación y pago de beneficios sociales. Precisó que la demandante ingresó a laborar a la Gerencia Regional de Trabajo el año 2000 y que la demanda fue interpuesta el año 2014, cuando la actual gestión aún no asumía la administración.
“No tomé aún una disposición al respecto, primero se debe establecer si hubo alguna responsabilidad. He pedido un informe del caso, no tengo elementos de juicio suficientes para pronunciarme pero supongo que se ha resuelto en el marco de la ley”, dijo. Sin embargo, la autoridad regional dejó abierta la posibilidad de contratar a un estudio particular de abogados para que analice y diga si el juez se equivocó o no y ver si se puede intervenir a través de un proceso judicial de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
“Aquí no vamos a blindar a nadie, si hubo negligencia o se incumplió con apelar el fallo seremos drásticos e inflexibles, pero primero se establecerá con total transparencia si hubo alguna responsabilidad”, puntualizó. En cuanto a que posiblemente el Gobierno Regional no apeló la sentencia, indicó que si el caso se resolvió de acuerdo a ley es poco lo que se podía hacer. “El procurador puede calificar de acuerdo al fundamento legal y fáctico”, acotó. Valdez señaló que el juez no crea derechos, resuelve en función a normas de Derecho.
En este caso, si se hubiera resuelto violando las normas estaría incurriendo en prevaricato. “Habría que revisar lo actuado y si hubo alguna responsabilidad iniciaremos las acciones que correspondan”, agregó. En derecho procesal las decisiones judiciales se impugnan en tanto haya alguna infracción a la ley de parte del juez. Si hubo algún error o no se cumplió con la ley o se la transgredió se puede impugnar, pero si al trabajador le corresponde ese derecho hay que respetar el fallo.
“Este es un caso que viene del año 2008 y no es de esta gestión, donde la transparencia para los actos de gobierno es una prioridad. Somos respetuosos de los derechos laborales pero si hay responsable habrá que iniciar un proceso sancionador”, manifestó. Por su parte el gerente general del Gobierno Regional, lamento la situación y descartó cualquier tipo de inferencia suya en el tema.
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