Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emitan la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.
En los primeros cuatro meses del año (de enero a abril de 2018), la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 25 funcionarios y servidores públicos en la región La Libertad por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado. De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
La región La Libertad se encuentra en el sétimo lugar a nivel nacional en donde mayor cantidad se funcionarios y servidores públicos son sancionados, teniendo como antecesores a Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46) y Tumbes (30). A nivel nacional son 468 sancionados administrativamente, de los cuales 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos. Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emitan la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.
Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de SERVIR y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para acceder a la lista debe dar click al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”. También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017
Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda. El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:
- La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.
- La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.
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