El documento suscrito por Valdez Farías señala además que los antecedentes deben ser enviados a la Procuraduría Publica Regional, que copia de los actuados se remita a la Secretaría Técnica Disciplinaria de la Gerencia Regional, y notificar la resolución a la Gerencia Regional de Educación y unidades orgánicas que corresponda.
Con Resolución Ejecutiva Regional N° 1919-2018-GRLL/GOB, el gobernador Luis Valdez Farías autorizó a la Procuraduría Pública Regional iniciar las acciones legales (civiles y penales) que correspondan contra quienes resulten responsables por presuntamente efectuar pagos irregulares a profesores cesantes de la Gerencia Regional de Educación. Denuncias periodísticas señalaban pagos indebidos en la gerencia antes citada por preparación de clase y otros conceptos
En defensa y salvaguarda de los intereses del Estado, el mandatario regional adoptó esta medida conforme a lo que manda la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece que para iniciar cualquier proceso y para recurrir al órgano jurisdiccional en el inicio de las acciones legales que correspondan, el procurador público regional debe contar con autorización mediante Resolución Ejecutiva Regional.
El documento suscrito por Valdez Farías señala además que los antecedentes deben ser enviados a la Procuraduría Publica Regional, que copia de los actuados se remita a la Secretaría Técnica Disciplinaria de la Gerencia Regional, y notificar la resolución a la Gerencia Regional de Educación y unidades orgánicas que corresponda. La medida es complemento de pesquisas del Gobierno Regional de La Libertad, en coordinación con la Gerencia Regional de Educación, para el deslinde de responsabilidades respecto a posibles responsables de los pagos indebidos.
El gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, indicó que a fines de mayo, tras detectarse indicios de presuntos pagos irregulares a través de una boleta de depósito, se adoptó la medida cautelar de suspensión temporal del planillero Víctor Otiniano y se citó notarialmente a 22 docentes cesantes beneficiados, para el deslinde de responsabilidades. “Los pagos observados fueron hechos entre febrero y mayo y no estaban autorizados. Son pagos no registrados que posiblemente tengan que ser devueltos”, adelantó.
Respecto al desembolso por preparación de clase, que es una deuda social con los docentes contraída en el tiempo -a quienes se les debe desde hace varias décadas-, Moya Rondo explicó que el año 2015 se inició un proceso de sinceramiento de deuda para cancelarles con saldos de balance y mediante documentos oficiales que autorizaban los pagos. La Gerencia Regional y la Gerencia de Presupuesto debían autorizar los pagos, lo que no ocurrió con los últimos casos, que corresponde a los meses de febrero a mayo. El último pago autorizado se hizo en diciembre del 2017.
La deuda social había comenzado a pagarse equitativamente entre unos 500 docentes cesantes con resolución. Este año no hubo ninguna autorización pero extrañamente se hicieron depósitos, lo que se identificó a fines de mayo, procediéndose a separarlo temporalmente de su puesto de trabajo, como medida cautelar en tanto dure la investigación, al servidor público permanente antes señalado.
El gerente regional reiteró que los pagos por este concepto son equitativos y en función a los saldos de balance, exhortando a los docentes a los que se les adeuda a no “motivar” a los trabajadores de Educación para que se agilicen los desembolsos de manera irregular, y que actualmente se investiga si algún trabajador de unidades afines a la Gerencia están involucrados o si hubo algún tipo de favoritismo en los pagos.
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