“El día de hoy una pluralidad de gobernadores en distintas localidades del país están presentando por primera vez un habeas corpus colectivo que por lo general el habeas corpus es individual. Ahora dejamos en manos del Poder Judicial el auxilio y el apoyo para que el derecho se coloque en nombre de la sociedad”, dijo García Toma.
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, anunció que ante las eventuales protestas de mineros informales que realizarán la próxima semana, el gobierno ha decidido en primera instancia el planteamiento de una serie de habeas corpus en distintas zonas del país, en aras de resguardar la seguridad de la ciudadanía. “El día de hoy una pluralidad de gobernadores en distintas localidades del país están presentando por primera vez un habeas corpus colectivo que por lo general el habeas corpus es individual. Ahora dejamos en manos del Poder Judicial el auxilio y el apoyo para que el derecho se coloque en nombre de la sociedad”, dijo.
Recordó que el gobierno a través del decreto de urgencia 012 - 2010 declaro de necesidad publica, interés nacional y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera, es decir la lucha contra la minería informal en defensa de la salud, el medio ambiente y la vida. Indicó que es un primer habeas corpus colectivo mediante el cual se le pide al juez adoptar medidas preventivas que estén destinadas a evitar nuevas tomas de carreteras, y en ese sentido- agregó- se requiere aquí de una actitud de los jueces en defensa de la sociedad.
“Aquí hay un hecho curioso, por lo general en acto pernicioso el habeas corpus y el amparo era utilizado contra el Estado pidiéndosele defender a los ciudadanos. En este caso, nosotros estamos dándole las acciones de garantía el criterio que corresponde, es decir le estamos pidiendo al juez que ampare el pedido para defender a la sociedad de estos atentados contra el libre tránsito, la propiedad, la vida, la integridad física”, aseveró. De otro lado, García Toma consideró como una medida acertada la incautación de más de mil teléfonos celulares realizada en diversos penales del país y asimismo la separación total del personal del penal “Piedras Gordas”.
Asimismo mencionó la ejecución de un primer paquete de medidas rápidas y urgentes que de alguna manera ayudan en la solución del problema penitenciario. “En primer lugar en abril Proinversion a nombre del Poder Ejecutivo va a concesionar el primer establecimiento penitenciario, es decir la construcción y administración de un penal a cargo de particulares”, comentó. Seguidamente informó que el referido centro penitenciario estaría ubicado en Huaral para 1536 reclusos, primarios jóvenes y que tendrá talleres de trabajo.
Señaló también que el lunes se va a constituir la comisión encargada de elaborar el reglamento de la ley de vigilancia electrónica, y también se tiene proyectado el programa piloto del servicio individualizado de seguridad penitenciaria. “No tenemos el número suficiente y adecuado de agentes penitenciarios, en consecuencia lo que vamos hacer es lo mismo que hace la Policía, se le compra los días de descanso y se le desplaza a otros centros de penitenciarios para que esta labor no sea descuidada”, sostuvo.
Asimismo indicó que están culminando el anteproyecto de la Ley de Servicio Penitenciario y la creación del Sistema Nacional de Política Criminal. “En julio se va entregar a la comunidad el penal de Piedras Gordas II para 1200 reclusos primarios jóvenes, y además se esta buscando la afectación en uso de una área en Chincha para la construcción de un penal”, afirmó.
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, anunció que ante las eventuales protestas de mineros informales que realizarán la próxima semana, el gobierno ha decidido en primera instancia el planteamiento de una serie de habeas corpus en distintas zonas del país, en aras de resguardar la seguridad de la ciudadanía. “El día de hoy una pluralidad de gobernadores en distintas localidades del país están presentando por primera vez un habeas corpus colectivo que por lo general el habeas corpus es individual. Ahora dejamos en manos del Poder Judicial el auxilio y el apoyo para que el derecho se coloque en nombre de la sociedad”, dijo.
Recordó que el gobierno a través del decreto de urgencia 012 - 2010 declaro de necesidad publica, interés nacional y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera, es decir la lucha contra la minería informal en defensa de la salud, el medio ambiente y la vida. Indicó que es un primer habeas corpus colectivo mediante el cual se le pide al juez adoptar medidas preventivas que estén destinadas a evitar nuevas tomas de carreteras, y en ese sentido- agregó- se requiere aquí de una actitud de los jueces en defensa de la sociedad.
“Aquí hay un hecho curioso, por lo general en acto pernicioso el habeas corpus y el amparo era utilizado contra el Estado pidiéndosele defender a los ciudadanos. En este caso, nosotros estamos dándole las acciones de garantía el criterio que corresponde, es decir le estamos pidiendo al juez que ampare el pedido para defender a la sociedad de estos atentados contra el libre tránsito, la propiedad, la vida, la integridad física”, aseveró. De otro lado, García Toma consideró como una medida acertada la incautación de más de mil teléfonos celulares realizada en diversos penales del país y asimismo la separación total del personal del penal “Piedras Gordas”.
Asimismo mencionó la ejecución de un primer paquete de medidas rápidas y urgentes que de alguna manera ayudan en la solución del problema penitenciario. “En primer lugar en abril Proinversion a nombre del Poder Ejecutivo va a concesionar el primer establecimiento penitenciario, es decir la construcción y administración de un penal a cargo de particulares”, comentó. Seguidamente informó que el referido centro penitenciario estaría ubicado en Huaral para 1536 reclusos, primarios jóvenes y que tendrá talleres de trabajo.
Señaló también que el lunes se va a constituir la comisión encargada de elaborar el reglamento de la ley de vigilancia electrónica, y también se tiene proyectado el programa piloto del servicio individualizado de seguridad penitenciaria. “No tenemos el número suficiente y adecuado de agentes penitenciarios, en consecuencia lo que vamos hacer es lo mismo que hace la Policía, se le compra los días de descanso y se le desplaza a otros centros de penitenciarios para que esta labor no sea descuidada”, sostuvo.
Asimismo indicó que están culminando el anteproyecto de la Ley de Servicio Penitenciario y la creación del Sistema Nacional de Política Criminal. “En julio se va entregar a la comunidad el penal de Piedras Gordas II para 1200 reclusos primarios jóvenes, y además se esta buscando la afectación en uso de una área en Chincha para la construcción de un penal”, afirmó.
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