Para supervisar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y velar por la transparencia y ejecución de sus servicios a la población vulnerable beneficiada, personal del equipo técnico disciplinario, responsables de las áreas temáticas y oficinas de enlace de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvieron una importante reunión con el representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Adán Briceño Rojas.
Éste, explicó la importancia que tiene el supervisar y certificar que los usuarios incorporados a los programas sociales son, evidentemente, las personas que responden a los criterios y condiciones de elegibilidad y selección que cada programa consigna, y que además se encuentren dentro del Sistema de Focalización de Hogares, sin otros condicionamientos ajenos a los establecidos en las normas vigentes.
Explicó que como ente articulador hay la responsabilidad de trabajar de manera conjunta para vigilar que cada servicio que los programas brindan a la comunidad y los servicios complementarios vinculados a los mismos se brinden con la calidad necesaria, equidad y respeto a la diversidad cultural, en el marco de los objetivos establecidos dentro de la estructura vigente de cada programa, desarrollándose en base a los criterios de tolerancia, respeto, transparencia y neutralidad.
En La Libertad hay un aproximado de 500 voluntarios distribuidos en diversas localidades de las 12 provincias; ellos, en base a un trabajo conjunto y coordinado con el gobierno regional y los gobierno locales, están en la obligación de presentar oportunamente alertas, informes, apreciaciones, recomendaciones y difundir los resultados de las acciones de vigilancia empleando canales de comunicación pertinentes que permitan socializar experiencias, y que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios que cada uno presta a la ciudadanía.
La gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, María Elena Neyra Rodríguez manifestó “de esta manera contribuimos con el proceso de gobernabilidad, evitando que personas ajenas, que no se encuentren debidamente registradas o que no cumplan con los requisitos que cada programa estipula, puedan usurpar algún derecho que le corresponda a una persona o familia en estado de vulnerabilidad, hecho que debe ser penado de manera categórica por las instancias correspondientes y en ello, como gerencia, estaremos vigilantes para alertar conjuntamente con los gobiernos locales y el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana”.
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