No se ha pedido la opinión de la mayoría de propietarios, que no están de acuerdo porque se va ha convertir en una trampa mortal, pues en caso de incendio los bomberos no van a poder entrar y en caso de un terremoto o de un temblor no van a poder salir rápidamente y el sótano puede convertirse en una tumba.La Junta de Propietarios del edificio La Marquesa, ubicado en pleno centro de Trujillo, representado por Juan Miguel La Madrid, y la señora Margarita Sánchez viuda de Gianino, presidenta de la Asociación de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social, elevan su voz de protesta contra la propietaria de dos oficinas destinadas a la venta de casas, quien, sin consultar a ninguno de los propietarios de las oficinas que funcionan en el sótano, ha determinado instalar unas rejas que impiden el paso a los propietarios y a sus clientes, perjudicándolos de esta manera.
El problema es que se está colocando una reja en contra de la mayoría de personas que no están de acuerdo porque se va ha convertir en una trampa mortal, pues en caso de incendio los bomberos no van a poder entrar y en caso de un terremoto o de un temblor no van a poder salir rápidamente y el sótano se va a convertir en una tumba para todas esas personas, señala Juan Miguel La Madrid, quien agrega que la señora tomó la decisión de un momento a otro.
“Esta señora ignora que son áreas comunes y que todos somos dueños, porque esta es una edificación de propiedad horizontal, donde todos tenemos derecho al libre acceso de entrar y salir, y ella actúa de una manera unilateral y arbitraria, colocando esas rejas ahí”, aseguró. Asimismo, Margarita Sánchez indica que ésta es una reja que incluso impide a las personas llegar a los servicios higiénicos, además de que no cuenta con el permiso correspondiente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Defensa Civil y de la Compañía de Bomberos.
“Esto ha traído como consecuencia que presentemos una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo, pues también los 160 socios de nuestra Asociación, que agrupa a los Jubilados de la Ley 20530, que diariamente acuden a sus oficinas para hacer sus gestiones cuando fallecen, están enfermos o para informarse sobre el proceso judicial a Essalud para que les paguen su nivelación o sus devengados, se verán impedidos de ingresar, lo cual constituye un grave atentado al Derecho de las personas”, señaló la dirigente.
Por eso, el representante de la Junta de Propietarios del edificio La Marquesa y la presidenta de la Asociación de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social, además de los otros propietarios que se ven afectados por la imprudente colocación de esta reja, hacen pública su protesta y hacen un llamado a las autoridades pertinentes a tomar las acciones correspondientes para que la propietaria de estas dos tiendas retire en el más breve plazo su reja, ya que es una prisión ilegal para los usuarios de este sótano comercial que tiene que acudir diariamente a realizar sus actividades.
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