Chávez Castro después de su fracaso al intentar bloquear el Proyecto de Ley de las aguas subterráneas, logró postergar su aprobación ocasionando una pérdida de más de 400,000 nuevos soles, beneficiando a Sedalib y perjudicando a Laredo.
Después que el Poder Judicial rechazó la medida cautelar solicitada por la municipalidad para recuperar la administración del servicio de agua y saneamiento de Laredo, ahora el recurso de amparo presentado por AGUALAR pasó al Tribunal Constitucional (ver gráfico). Como es de público conocimiento, la municipalidad intentó anular el contrato firmado con Agualar y el alcalde Miguel Chávez Castro encabezó una campaña para evitar que los usuarios paguen el servicio mediante asambleas, marchas, la prensa oral y escrita.
Asimismo, interfirió en el servicio organizando y defendiendo a los morosos ante los intentos de corte del servicio, promoviendo la resistencia y violencia contra los trabajadores y directivos de AGUALAR. Estos actos que están documentados contundentemente en el recurso, determinaron daños y perjuicios incalculables para Laredo (en términos de desarrollo) y para la empresa por el alto nivel de morosidad (85%) y hostilización permanente que continúa hasta hoy.
Chávez después de su fracaso al intentar bloquear el Proyecto de Ley de las aguas subterráneas, logró postergar su aprobación ocasionando una pérdida de más de 400,000 nuevos soles, beneficiando a Sedalib y perjudicando a Laredo (El Proyecto fue presentado en agosto y debió aprobarse en diciembre, pero ha sido postergado hasta agosto del 2008). Un proyecto similar del Valle Chicama se presentó en enero y se aprobó en la Comisión Agraria en mayo, porque los alcaldes apoyaron y presionaron para su aprobación.
Sin embargo, en Laredo el alcalde fue varias veces al Congreso para evitar que se apruebe porque en el texto de la Ley se establece que quien recauda el derecho de explotación de las aguas subterráneas es el operador del sistema (Agualar) y no la municipalidad. Ahora está preparando otra marcha al Poder Judicial y contra el Proyecto de Ley, y sigue haciendo reuniones diciendo que cuando recupere la administración va a exonerar lo que el usuario debe a AGUALAR, insistiendo para que no paguen el servicio.
Mientras el alcalde se va complicando legalmente, la empresa se sigue fortaleciendo socialmente, pues coordina con el Consorcio Perú Consult para culminar el expediente técnico definitivo del proyecto integral y brinda un servicio mejorado a la población, gracias al sacrificio del grupo de los laredinos que integran Agualar. Laredo es un caso único en el Mundo, pero la respuesta de Agualar terminará en un sanción ejemplar contra esta mala autoridad.
Después que el Poder Judicial rechazó la medida cautelar solicitada por la municipalidad para recuperar la administración del servicio de agua y saneamiento de Laredo, ahora el recurso de amparo presentado por AGUALAR pasó al Tribunal Constitucional (ver gráfico). Como es de público conocimiento, la municipalidad intentó anular el contrato firmado con Agualar y el alcalde Miguel Chávez Castro encabezó una campaña para evitar que los usuarios paguen el servicio mediante asambleas, marchas, la prensa oral y escrita.
Asimismo, interfirió en el servicio organizando y defendiendo a los morosos ante los intentos de corte del servicio, promoviendo la resistencia y violencia contra los trabajadores y directivos de AGUALAR. Estos actos que están documentados contundentemente en el recurso, determinaron daños y perjuicios incalculables para Laredo (en términos de desarrollo) y para la empresa por el alto nivel de morosidad (85%) y hostilización permanente que continúa hasta hoy.
Chávez después de su fracaso al intentar bloquear el Proyecto de Ley de las aguas subterráneas, logró postergar su aprobación ocasionando una pérdida de más de 400,000 nuevos soles, beneficiando a Sedalib y perjudicando a Laredo (El Proyecto fue presentado en agosto y debió aprobarse en diciembre, pero ha sido postergado hasta agosto del 2008). Un proyecto similar del Valle Chicama se presentó en enero y se aprobó en la Comisión Agraria en mayo, porque los alcaldes apoyaron y presionaron para su aprobación.
Sin embargo, en Laredo el alcalde fue varias veces al Congreso para evitar que se apruebe porque en el texto de la Ley se establece que quien recauda el derecho de explotación de las aguas subterráneas es el operador del sistema (Agualar) y no la municipalidad. Ahora está preparando otra marcha al Poder Judicial y contra el Proyecto de Ley, y sigue haciendo reuniones diciendo que cuando recupere la administración va a exonerar lo que el usuario debe a AGUALAR, insistiendo para que no paguen el servicio.
Mientras el alcalde se va complicando legalmente, la empresa se sigue fortaleciendo socialmente, pues coordina con el Consorcio Perú Consult para culminar el expediente técnico definitivo del proyecto integral y brinda un servicio mejorado a la población, gracias al sacrificio del grupo de los laredinos que integran Agualar. Laredo es un caso único en el Mundo, pero la respuesta de Agualar terminará en un sanción ejemplar contra esta mala autoridad.
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