El anuncio lo formuló Yehude Simon Munaro durante una sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, donde dijo que esa medida forma parte del plan anticorrupción que se dará a conocer ante el Congreso. “Están avisados los corruptos y las ratas. Treinta o 60 días para sentenciar”, dijo el jefe de Estado.
El Gobierno decidió adelantar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) para los casos de corrupción, con lo cual los involucrados en estos delitos podían ser sentenciados en 30 o 60 días, según afirmó hoy el presidente Alan García Pérez. El anuncio lo formuló el presidente del Gabinete ministerial, Yehude Simon Munaro, durante una sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, donde dijo que esa medida forma parte del plan anticorrupción que se dará a conocer ante el Congreso.
“Están avisados los corruptos y las ratas. Treinta o 60 días para sentenciar”, dijo el jefe de Estado. Al respecto, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, precisó que con la aplicación del nuevo Código los procesos por corrupción tardarán en promedio de 30 a 60 días. Aseguró que esta era una “decisión formal, importante y frontal” que permitirá acelerar los trámites para procesar a los corruptos y anunció el compromiso gubernamental de destinar los recursos financieros necesarios para su implementación.
Es “una prioridad fundamental para responder al clamor ciudadano y la necesidad de una administración de justicia eficiente y oportuna en los temas anticorrupción y algunos otros como lavado de activos y narcotráfico”, anotó. En ese sentido, pidió el compromiso a las autoridades judiciales para llevar adelante una justicia rápida al momento de los procesos. “De acuerdo al principio distinto que alberga este Código, la oralidad es la mejor garantía del proceso rápido, de tal manera que en un promedio de 30 a 60 días, podemos tener el caso concluido”, remarcó.
A su turno, el jefe del Gabinete destacó que el Gobierno busca realizar un trabajo conjunto con otros sectores del Estado y la sociedad civil. “La clase política está cansada de dar señales, y que nadie colabore. Queremos luchar contra la corrupción, pero todos tenemos responsabilidad, no solo el Ejecutivo”, precisó. En ese contexto, Simon dijo que por ejemplo, los colegios profesionales podrían colaborar decididamente denunciando los casos de corrupción en que incurran sus integrantes.
“Denunciar a los propios integrantes de sus profesiones en los casos de corrupción, cuando ingenieros ó médicos van a funcionarios públicos y le ofrecen coimas; los colegios podrían ser parte de la lucha contra corrupción”, enfatizó durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Ministros. La propuesta para adelantar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para dichos delitos fue formulada el fin de semana, a través de la agencia Andina, por el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL). (Andina)
El Gobierno decidió adelantar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) para los casos de corrupción, con lo cual los involucrados en estos delitos podían ser sentenciados en 30 o 60 días, según afirmó hoy el presidente Alan García Pérez. El anuncio lo formuló el presidente del Gabinete ministerial, Yehude Simon Munaro, durante una sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, donde dijo que esa medida forma parte del plan anticorrupción que se dará a conocer ante el Congreso.
“Están avisados los corruptos y las ratas. Treinta o 60 días para sentenciar”, dijo el jefe de Estado. Al respecto, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, precisó que con la aplicación del nuevo Código los procesos por corrupción tardarán en promedio de 30 a 60 días. Aseguró que esta era una “decisión formal, importante y frontal” que permitirá acelerar los trámites para procesar a los corruptos y anunció el compromiso gubernamental de destinar los recursos financieros necesarios para su implementación.
Es “una prioridad fundamental para responder al clamor ciudadano y la necesidad de una administración de justicia eficiente y oportuna en los temas anticorrupción y algunos otros como lavado de activos y narcotráfico”, anotó. En ese sentido, pidió el compromiso a las autoridades judiciales para llevar adelante una justicia rápida al momento de los procesos. “De acuerdo al principio distinto que alberga este Código, la oralidad es la mejor garantía del proceso rápido, de tal manera que en un promedio de 30 a 60 días, podemos tener el caso concluido”, remarcó.
A su turno, el jefe del Gabinete destacó que el Gobierno busca realizar un trabajo conjunto con otros sectores del Estado y la sociedad civil. “La clase política está cansada de dar señales, y que nadie colabore. Queremos luchar contra la corrupción, pero todos tenemos responsabilidad, no solo el Ejecutivo”, precisó. En ese contexto, Simon dijo que por ejemplo, los colegios profesionales podrían colaborar decididamente denunciando los casos de corrupción en que incurran sus integrantes.
“Denunciar a los propios integrantes de sus profesiones en los casos de corrupción, cuando ingenieros ó médicos van a funcionarios públicos y le ofrecen coimas; los colegios podrían ser parte de la lucha contra corrupción”, enfatizó durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Ministros. La propuesta para adelantar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para dichos delitos fue formulada el fin de semana, a través de la agencia Andina, por el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL). (Andina)
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