Investigación de revista Correo Semanal dio a conocer los “DINILEAKS”. Según la revista limeña, el encargado de la investigación fue el experimentado agente de contrainteligencia Rosendo Chávez, y el trabajo fue hecho desde enero del año 2011, a finales del gobierno aprista, y prosiguió hasta febrero del 2015.
La revista Correo Semanal, publicó un reportaje efectuado por el periodista de investigación Américo Zambrano, el cual reveló que miles de ciudadanos peruanos sufrieron un rastreo de sus bienes. En el listado figuran políticos, empresarios, periodistas, personajes de la farándula, entre otros; pero lo que nadie esperaba es que esta irregular investigación también se extendió a las regiones, como La Libertad, donde todo personaje visible fue rastreado en sus posibles propiedades.
Según la revista limeña, el encargado de la investigación fue el experimentado agente de contrainteligencia Rosendo Chávez, y el trabajo fue hecho desde enero del año 2011, a finales del gobierno aprista, y prosiguió hasta febrero del 2015, en este gobierno, a un costo cercano al medio millón de nuevos soles. Este miembro de la Dirección de Inteligencia (DINI) recabó información en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), rastreando las propiedades, vehículos y empresas de miles de ciudadanos.
Para los rastreos en la Sunarp el agente Chávez utilizó el correo electrónico dini@dini.gob.pe, y el usuario “DINAINT02”. Previamente la DINI y la Sunarp habían firmado un convenio para poder rastrear a delincuentes, narcotraficantes, lavadores de dinero y terroristas. En la lista de investigados figuran miembros del actual gobierno, familiares del Presidente Ollanta Humala, congresistas oficialistas, ministros como Ana Jara y Pedro Cateriano, y también periodistas como Aldo Mariátegui y Jaime de Althaus. Extrañamente ningún miembro de la familia de la Primera Dama Nadine Heredia figura en la lista.
En La Libertad también se investigó a decenas de personajes, por ejemplo al Presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (Cite) de La Libertad, Carlos Alva Jara; al ex miembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz; al empresario Guillermo Bussalleu Pinillos, que es socio en varias empresas del norteamericano Mark Vito Vitanella, esposo de Keiko Fujimori; asimismo Erroll Johnni Arias Sebastiani, ex candidato de Justicia Nacional el 2006; al ex presidente regional José Murgia Zannier; el ex rector de la UNT, Orlando Velásquez Benites.
También figuran los congresistas Carmen Rosa Núñez de Acuña, Richard Acuña Núñez, Octavio Salazar Miranda, Roberto Angulo Álvarez, José León Rivera, Ramón Kobashigawa Kobashigawa, el ex director general de la PNP, Raúl Becerra Velarde; también al Secretario de la PCM el abogado trujillano Marco León Barboza Tello; al hoy regidor Carlos Fernández Verde; a los notarios Marco Corcuera García, Carlos Cieza Urrelo, Apolonio de Bracamonte, Guillermo Guerra Salas, Lina Amayo Martínez, Doris Paredes Haro, Gustavo Ferrer Villavicencio, Gerardo Chávez Labrín, Alejandro Ramírez Odiaga y Manuel Anticona Aguilar.
De igual manera, los empresarios Eduardo León Legendre, SIxtilio Dalmau León Velarde y Vicente Romero Fernández, entre otros. También fueron investigados en sus propiedades varios de los hermanos Sánchez Alayo, hijos del investigado empresario Manuel Sánchez Paredes. Mención aparte es el seguimiento que se le hizo a toda la familia Acuña Peralta y a los principales funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo: en el listado de búsqueda de propiedades figuran Hermenegildo, Humberto, Santos, Oscar y Grimaneza Acuña Peralta, Héctor Acuña Cabrera, Clementina Peralta Alvarado.
Asimismo, los ex funcionarios ediles Luis Valdez Farías, Alexis Larriviere Castro, María Elena Pérez Orbegoso, David Calderón de los Ríos, Yuri Zamora Huamán, ex gerente de personal de la MPT, Lisetti Vigo Cotos, ex subgerente de Registros Civiles. Se ignora cuál era el fin o el criterio para las investigaciones. La premier Ana Jara Velásquez dijo ayer que se ha ordenado una investigación pero aseguró que renunciaría si se descubre que la investigación fue ordenada por alguna instancia superior. La oposición le ha pedido que renuncie ante este nuevo escándalo y ante el evidente descontrol que ha existido en el área de inteligencia al investigar incluso a funcionarios de la gestión y a la propia familia del Presidente.
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