La sentencia 0041-2004-AI/TC, indica que las municipalidades están vedadas de considerar de manera irrazonable e indiscriminada cualquier criterio para justificar los costos de los arbitrios, ya que estos deben guardar relación con la proyección del costo del servicio.El experto en Derecho Administrativo, Dr. Fernando Rocca Luna Victoria, señaló que el cobro del arbitrio de seguridad ciudadana es una imposición del alcalde César Acuña Peralta, por lo cual no deben pagar los trujillanos. “El alcalde Acuña cree que debemos repetir la frase “chi cheñol” (si señor) con la imposición autoritaria del nuevo arbitrio de seguridad ciudadana, y por consiguiente con el pago de semejante arbitrio. Pero habría que preguntarse: ¿Qué nos garantiza un óptimo, eficaz e idóneo servicio? ¿El cobro está en función a un estudio del costo global del servicio y una distribución justa?”, indicó el experto.
Manifestó “que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas sentencias normativas sobre la necesidad de realizar un estudio previo con la ciudadanía respecto al cobro de los arbitrios; en términos del Tribunal, la cuantificación de estos se determina en base al costo global de los arbitrios y la distribución de este debe realizarse entre los vecinos de la comunidad. La sentencia 0041-2004-AI/TC, indica que las municipalidades están vedadas de considerar de manera irrazonable e indiscriminada cualquier criterio para justificar los costos de los arbitrios, ya que estos deben guardar relación con la proyección del costo del servicio”.
Sobre la distribución de los costos, precisó “que no puede definirse de manera uniforme, sino que dependerá de que, en el caso de un arbitrio específico, los criterios utilizados guarden una conexión razonable con la naturaleza del servicio. Es razonable utilizar criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Debe tenerse en cuenta el giro comercial, pues, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas”.
Dijo también que “la comuna, con un criterio trivial y erróneo, impone el pago del arbitrio de seguridad ciudadana, en función al valor del predio de los contribuyentes, evidenciando que la creación de este arbitrio fue “entre gallos y medianoche”; sin embargo hoy y, sin un estudio técnico sincerado, el Gobierno Local, en una muestra de mea culpa, trata de encandilar a la ciudadanía con la rebaja del costo de este arbitrio, lo que dejaría entrever un gran afán ególatra por nuestras autoridades ediles.
“Están anteponiendo mezquinamente intereses políticos-personales antes que los intereses y el sentir de la población trujillana, desterrando de sus huestes ese adagio latino “Vox Populi, Vox Dei”, (La voz del Pueblo es la voz de Dios). Finalmente señaló que “es mejor que se concerte a fin de sumar un miembro más a la lucha contra la delincuencia. ¿Porqué desecha la Municipalidad esta ideal tridimensionalidad: Comuna-Policía-Vecinos?, como ya se dijo en fuente ovejuna: todos a una”.
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