“Historias de impunidad: Identidad de los perpetradores de actos de violencia contra las peruanas” es el nombre de la campaña, que busca crear conciencia sobre la necesidad de detener el abuso y los crímenes contra las mujeres peruanas.La ONG Estudio de Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y el colectivo 25 de Noviembre distribuirán en Lima miles de cajitas de fósforos con los rostros de asesinos y maltratadores de mujeres, en el marco de una campaña para luchar contra la impunidad en este tipo de crímenes. “Historias de impunidad: Identidad de los perpetradores de actos de violencia contra las peruanas” es el nombre de la campaña, que busca crear conciencia sobre la necesidad de detener el abuso y los crímenes contra las mujeres peruanas.
Según estas instituciones, el 30 por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas había sufrido antes algún tipo de violencia familiar y había pedido ayuda a las instituciones que debían proporcionarle protección, sin lograrlo. Citando cifras de la Policía Nacional, estas entidades recuerdan que los casos de violación de la libertad sexual contra la mujer en el Perú en 2007 sufrieron un incremento de 15.23 por ciento en relación con 2005. En tanto, entre enero de 2004 y julio de 2007 se registraron 407 asesinatos de mujeres por razones de género, a razón de nueve "feminicidios" al mes.
En opinión del colectivo 25 de Noviembre -que reúne a 41 organizaciones de mujeres y ONG que luchan contra la violencia hacia la mujer- el incremento de "feminicidios" obedece a dos factores: la falta de presupuesto estatal para las acciones de prevención y protección, e impunidad de parte del sistema de justicia para no sancionar a los autores de la violencia. Agregó que la única información pública con que se cuenta respecto al gasto del Estado para contrarrestar esta situación es la proporcionada por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso.
Según esta información ministerial, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual contó este año con 14 millones de nuevos soles de presupuesto, los cuales, a su criterio, resultan insuficientes. También, responsabiliza al sistema judicial por el aumento de las agresiones al no sancionar a los autores de la violencia, y al Congreso de la República por no dictar leyes más drásticas y en concordancia con los compromisos que asume el Perú a nivel internacional en estos temas.
En ese sentido, señala que aún no se debate en el Congreso el proyecto de ley sobre “Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, que propone adecuar el Código Penal peruano al Estatuto de Roma e incorpora delitos contra el derecho internacional humanitario. “La aprobación de este proyecto permitiría sancionar los casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado que vivió el país, así como también los casos de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Mientras eso no ocurra, los agresores seguirán impunes”, finalizó.
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