Ha sido frecuente el hecho de que las estimaciones sobre el número de los afectados y sobre la magnitud de los daños se realicen, paralelamente, por varias entidades, con diferentes criterios y en diferentes momentos, lo cual genera graves desconciertos en la atención, priorización, cronometría y focalización de las intervenciones.Por: Lincoln Alayo Bernal (*)
Medición de las afectaciones
Uno de los más graves problemas prácticos en el manejo de afectaciones climáticas u orográficas agudas radica en cómo y quien debe medirlas o estimarlas con suficiente precisión. Cuando las estimaciones no se forjan con criterios precisos y en lo posible cuantitativos, las estrategias y los recursos para atenderlas tienden a ser inadecuadas. El término de viviendas “afectadas”, por ejemplo no permite determinar el tipo de atención que merecen. Lo menos que se esperaría es una clasificación que defina al menos tres niveles.
- Primero: totalmente destruidas.
- Segundo: parcialmente afectadas pero recuperables con pocos recursos.
- Tercero: tan fuerte o ampliamente afectadas, cuyos restos deben ser demolidos.
La lógica indica que, en términos de costos por ejemplo, que es un elemento clave para estimar los fondos necesarios para tratar el sismo, deben operar personas suficientemente preparadas que dispongan de módulos o rangos para cada tipo de daño o secuela. En general las estimaciones relacionadas con los impactos sobre la producción y los ingresos son las más difíciles.
De otro lado, ha sido frecuente el hecho de que las estimaciones sobre el número de los afectados y sobre la magnitud de los daños se realicen, paralelamente, por varias entidades, con diferentes criterios y en diferentes momentos, lo cual genera graves desconciertos en la atención, priorización, cronometría y focalización de las intervenciones.
Es obvio que en ambas dimensiones del problema, se requiere de una política y de una definición orgánica en los diferentes niveles territoriales (nacional, regional, local) para hacer más eficiente, funcional y pertinente el tratamiento de los fenómenos en cuestión. Se entiende que igual que en otros temas que se verá luego, aquí también debe ser el INDECI quien debe definir y aplicar los criterios y metodologías directamente ligadas al costeo de los daños y sus secuelas ulteriores; así como con el soporte formalmente ordenado de otras instancias que estén en condiciones y tengan la capacidad para apuntar en la misma dirección.
De otro lado, ha sido frecuente el hecho de que las estimaciones sobre el número de los afectados y sobre la magnitud de los daños se realicen, paralelamente, por varias entidades, con diferentes criterios y en diferentes momentos, lo cual genera graves desconciertos en la atención, priorización, cronometría y focalización de las intervenciones.
Es obvio que en ambas dimensiones del problema, se requiere de una política y de una definición orgánica en los diferentes niveles territoriales (nacional, regional, local) para hacer más eficiente, funcional y pertinente el tratamiento de los fenómenos en cuestión. Se entiende que igual que en otros temas que se verá luego, aquí también debe ser el INDECI quien debe definir y aplicar los criterios y metodologías directamente ligadas al costeo de los daños y sus secuelas ulteriores; así como con el soporte formalmente ordenado de otras instancias que estén en condiciones y tengan la capacidad para apuntar en la misma dirección.
Enfoque lógico y priorización de las intervenciones
Pese a los argumentos teóricamente aceptados de que una parte sustantiva de las causas y de los mayores daños de los fenómenos climáticos agudos gira en torno a la situación de carencias – pobreza de la mayoría de la población, es notorio que este asunto es sistemáticamente evadido. Por lo regular las estrategias parten de la Prevención (incluyendo Mapas de Riesgo) y terminan generalmente con la reposición de las infraestructuras. La alternativa a esta opción incompleta estriba en asumir el ciclo: desarrollo – prevención – atención a las emergencias inmediatas- rehabilitación – reconstrucción – desarrollo.
Otra vez, la cuestión económico – productiva deviene en una de las más complicadas; porque implica reconocer que la rehabilitación de las cosechas en comuneros empobrecidos (cuando el friaje destruyó los sembríos) reclama tiempos largos para la preparación de la parcela, dinero adicional para la compra de semillas y para alimentarse hasta que pueda recuperarse; lo que obviamente el comunero no dispone. Dependiendo de la magnitud de las afectaciones en cada uno se los aspectos tipologizados, y siempre teniendo en cuenta el ciclo lógico anteriormente mencionado, las intervenciones tendrían que ser adecuada y rápidamente priorizadas.
El tiempo y los recursos humanos para efectuar esta acción debieran ser mandatarias para el aparato Estatal. Una vez ocurrido el “desastre” obviamente que las intervenciones más inmediatas tienen que ver con los “emergencias” relatadas en términos de atención a los heridos, dotación de alimentos y agua, tratamiento a los fallecidos, asignación de espacios protegidos para pernoctar, instalación de sistemas de disposición de excretas (para evitar epidemias), facilitar el acceso a los lugares afectados y organizar a las víctimas.
En este tema un factor fundamental es el de un seguimiento de los daños y, naturalmente, de las secuelas que se mantienen hacia el mediano e incluso el largo plazo. Ocurre en general con dos asuntos social y económicamente graves.
El primero: la recuperación de la capacidad económico – productiva de cultivos, crianzas y procesos de transformación industrial, y sus implicancias sobre los ingresos y el empleo de las personas: empresarios, trabajadores, suplidores de materias primas implicadas directa o indirectamente.
El segundo: la capacidad financiera (pública y privada) para responder a ese reto, considerando que deberán al menos sostenerse la sobrevivencia alimentaría y la dotación de servicios sociales básicos.
En la medida en que la lógica de un sistema integral y orgánico para el abordaje de los fenómenos climáticos u orográficos agudos (y sus efectos o impactos que se generan después del evento mismo) no se aplique e internalice tanto en la población afectada como en las autoridades involucradas, el tratamiento tradicional (imprevisión, duplicación de esfuerzos, ataque a los problemas colaterales sin incorporar respuestas de desarrollo hacia el mediano – lago plazo) será insuficiente.
Una secuela resultante de un manejo a muy corto plazo – inmediatista de estos fenómenos resulta en un agravamiento de la pobreza y en procesos migratorios amplios. Se caerá nuevamente en el círculo vicioso que, en general, se nutre de imprevisiones y responde inorgánicamente a hechos consumados. Este círculo vicioso promoverá insatisfacción y podría acelerar comportamientos social y políticamente tensionantes.
Aquí un mensaje trascendente se leería en términos de cómo aprovechar las calamidades aprendiendo a manejarlos no solamente con eficacia y prontitud, sino que también en términos de la oportunidad de generar efectivamente desarrollo humano. En este escenario, el reto más elevado consiste en la actuación consensuada y solidaria de fuerzas colectivas que puedan realmente construir un nuevo Estado, una nueva economía y una nueva red institucional dedicada a disolver la pobreza, la inequidad y el inmovilismo.
Otra vez, la cuestión económico – productiva deviene en una de las más complicadas; porque implica reconocer que la rehabilitación de las cosechas en comuneros empobrecidos (cuando el friaje destruyó los sembríos) reclama tiempos largos para la preparación de la parcela, dinero adicional para la compra de semillas y para alimentarse hasta que pueda recuperarse; lo que obviamente el comunero no dispone. Dependiendo de la magnitud de las afectaciones en cada uno se los aspectos tipologizados, y siempre teniendo en cuenta el ciclo lógico anteriormente mencionado, las intervenciones tendrían que ser adecuada y rápidamente priorizadas.
El tiempo y los recursos humanos para efectuar esta acción debieran ser mandatarias para el aparato Estatal. Una vez ocurrido el “desastre” obviamente que las intervenciones más inmediatas tienen que ver con los “emergencias” relatadas en términos de atención a los heridos, dotación de alimentos y agua, tratamiento a los fallecidos, asignación de espacios protegidos para pernoctar, instalación de sistemas de disposición de excretas (para evitar epidemias), facilitar el acceso a los lugares afectados y organizar a las víctimas.
En este tema un factor fundamental es el de un seguimiento de los daños y, naturalmente, de las secuelas que se mantienen hacia el mediano e incluso el largo plazo. Ocurre en general con dos asuntos social y económicamente graves.
El primero: la recuperación de la capacidad económico – productiva de cultivos, crianzas y procesos de transformación industrial, y sus implicancias sobre los ingresos y el empleo de las personas: empresarios, trabajadores, suplidores de materias primas implicadas directa o indirectamente.
El segundo: la capacidad financiera (pública y privada) para responder a ese reto, considerando que deberán al menos sostenerse la sobrevivencia alimentaría y la dotación de servicios sociales básicos.
En la medida en que la lógica de un sistema integral y orgánico para el abordaje de los fenómenos climáticos u orográficos agudos (y sus efectos o impactos que se generan después del evento mismo) no se aplique e internalice tanto en la población afectada como en las autoridades involucradas, el tratamiento tradicional (imprevisión, duplicación de esfuerzos, ataque a los problemas colaterales sin incorporar respuestas de desarrollo hacia el mediano – lago plazo) será insuficiente.
Una secuela resultante de un manejo a muy corto plazo – inmediatista de estos fenómenos resulta en un agravamiento de la pobreza y en procesos migratorios amplios. Se caerá nuevamente en el círculo vicioso que, en general, se nutre de imprevisiones y responde inorgánicamente a hechos consumados. Este círculo vicioso promoverá insatisfacción y podría acelerar comportamientos social y políticamente tensionantes.
Aquí un mensaje trascendente se leería en términos de cómo aprovechar las calamidades aprendiendo a manejarlos no solamente con eficacia y prontitud, sino que también en términos de la oportunidad de generar efectivamente desarrollo humano. En este escenario, el reto más elevado consiste en la actuación consensuada y solidaria de fuerzas colectivas que puedan realmente construir un nuevo Estado, una nueva economía y una nueva red institucional dedicada a disolver la pobreza, la inequidad y el inmovilismo.
Articulación institucional
Ha sido mencionado el hecho de cruces institucionales en la medición y priorización de las afectaciones provocadas por eventos climáticos u orográficos agudos. El nervio central de este argumento radica en que en la práctica existe cierta ambiguedad en la definición de quién conduce sistemáticamente los procesos descritos o que las definiciones no se respetan; no obstante la premisa formal que le asigna ese papel al INDECI. En el caso que estamos comentando (y en otros anteriores) el INDECI se ha mantenido en un plano secundario.
La dirección global la ha asumido el Presidente de la República, lo cual es políticamente explicable. En un nivel quizá más operativo se ha entregado al Primer Ministro en su calidad de coordinador del Gabinete; pero paralelamente se designó al Ministro de Vivienda y Construcción para supuestamente operar los procedimientos más específicos de envergadura nacional; además de visitas esporádicas de un buen número de otros Ministros.
Hasta este punto, el tejido del comando político puede ser aceptable. Lo que pareciera estar fuera de la caja formal y de la capacidad para manejar los problemas vivénciales cotidianos más inmediatos, se refiere al rol bastante marginal que han estado teniendo los Presidentes Regionales (al menos el de Ica) y los Alcaldes Provinciales, quienes presiden, por mandato legal) los correspondientes Comités Regionales y Locales de Defensa Civil. Esta circunstancia es grave por varios lados.
La dirección global la ha asumido el Presidente de la República, lo cual es políticamente explicable. En un nivel quizá más operativo se ha entregado al Primer Ministro en su calidad de coordinador del Gabinete; pero paralelamente se designó al Ministro de Vivienda y Construcción para supuestamente operar los procedimientos más específicos de envergadura nacional; además de visitas esporádicas de un buen número de otros Ministros.
Hasta este punto, el tejido del comando político puede ser aceptable. Lo que pareciera estar fuera de la caja formal y de la capacidad para manejar los problemas vivénciales cotidianos más inmediatos, se refiere al rol bastante marginal que han estado teniendo los Presidentes Regionales (al menos el de Ica) y los Alcaldes Provinciales, quienes presiden, por mandato legal) los correspondientes Comités Regionales y Locales de Defensa Civil. Esta circunstancia es grave por varios lados.
- Primero: porque desmonta la validez de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y del propio INDECI; que define el rol, la organización y las formas de operación de los Comités aludidos.
- Segundo: porque devela la fragilidad de estos Comités en términos no solo organizativos sino que también de recursos materiales y métodos de intervención.
- Tercero: porque afecta los esfuerzos de consolidación de los Gobiernos Regionales y del proceso descentralizador, que es una aspiración colectiva de primer orden.
- Cuarto: porque corre el riesgo de tomarse decisiones inadecuadas en consideración a posibles enfoques centralistas y que luego son difíciles de realizar por las autoridades locales.
- Quinto: porque descoloca la relación de los Gobiernos Locales con importantes organizaciones sociales de base, como son los Comedores Populares, los Vasos de Leche o los Programas Nutricionales – Alimentarios Desconcentrados del MINDES y del Ministerio de Salud; los cuales tendrían un papel preponderante en algunas acciones de emergencia precisamente.
La cooperación internacional, bilateral o multilateral, puede tener en este tipo de aspectos también una serie de dilemas o requerimientos previos para comprobar su eficacia.
- Primero: determinar cual sería el tipo de aporte que debería otorgar, con que prioridad atenderlo y donde priorizarlo; lo cual es un asunto de demanda versus oferta.
- Segundo: de que manera la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APSI tiene un cupo en los esfuerzos relativos a este tema.
- Tercero: la oportunidad de hacer llegar la cooperación aprobada en los momentos oportunos, dependiendo si se trata de las diferentes fases de atención al evento: emergencia, rehabilitación, reconstrucción, soporte al desarrollo.
- Cuarto: quién (es) será (n) el (los) interlocutor (es) precisamente para optimizar los aportes comprometidos.
(*)Licenciado en Educación, Especialidad Ciencias Sociales, Maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa de la Universidad Cesar Vallejo, Región La Libertad Trujillo – PERU Especialista en Defensa Civil Especialista en Gestión de Riesgo por mas de 20 años. Ex Bombero Voluntario y ex Director de Socorro de La Cruz Roja Peruana Filial Ancash a la fecha (2008) Director Académico del Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencias y Medio Ambiente S.O.S. Vidas Perú (www.sosvidasperu.org)
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